| Sumario: | Para 1970 la Argentina presentaba importantes desequilibrios regionales en el nivel de producto bruto per cápita. Hacia fines de dicha década y principios de los '80 se sancionan las leyes N° 22.021 y N° 22.702 que establecieron un sistema de beneficios impositivos y fiscales que buscaban promover el desarrollo regional, beneficiando en este caso a las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. Entre 1988 y 2004 la provincia de Catamarca aumenta en un 453 por ciento la superficie del territorio dedicada a la explotación agrícola-ganadera, recibiendo cerca de 280 proyectos con una inversión próxima a los $ 986,0 millones. De esta manera la política de desarrollo regional provoca la más grande expansión agropecuaria jamás producida en territorio catamarqueño. El cultivo del olivo encontró excelentes condiciones para su desarrollo productivo en este ámbito geográfico. Si tener una tradición olivícola previa, para la campaña 2005/06 la Argentina se ubica entre los primeros diez productores de aceite de oliva y aceitunas de mesa, con un fuerte perfil exportador. En este contexto Catamarca se convierte en la provincia con mayor volumen de producción en ambos mercados. El régimen legal instaurado, más allá de los resultados alcanzados en términos productivos, ha sido fuertemente cuestionado desde distintas perspectivas. En el plano fiscal se ha planteado que resulta excesivamente oneroso para el país dado que la pérdida de recaudación de la AFIP provocada por las exenciones impositivas otorgadas supera largamente los beneficios obtenidos. Así mismo se señalan los desequilibrios regionales que ha generado esta política. En este trabajo se analizan los resultados fiscales obtenidos por la AFIP como financista del sistema, circunscripto al territorio de la provincia de Catamarca y a una sola línea de actividad agropecuaria (olivicultura). Adicionalmente se analizan los efectos sobre el empleo y la importancia del desarrollo del cluster olivícola para el país.
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